El abogado Daniel Volpi se refirió a la polémica generada en torno al proceso judicial impulsado por la Intendencia de Artigas contra varias familias asentadas en un predio del departamento, rechazando las declaraciones realizadas por autoridades departamentales y defendiendo la situación jurídica de sus representados.
Según sostuvo, las familias involucradas ocupan los terrenos desde hace décadas y cuentan con derechos posesorios adquiridos de buena fe, por lo que considera injustificada la acción promovida por el gobierno departamental.
Al comenzar la entrevista, Volpi aclaró que su intención no es alimentar controversias políticas, sino explicar la situación desde el punto de vista jurídico.
“Mi ánimo no es polemizar, sino informar. Las personas que viven allí lo hacen de buena fe, porque ingresaron a esos terrenos asesoradas por profesionales y mediante documentación formal. No se trata de personas que llegaron y ocuparon un lugar de forma irregular”, afirmó.
El abogado señaló que existen escrituras de cesión de derechos posesorios realizadas por escribanos públicos y que los actuales ocupantes adquirieron esos derechos a través de procedimientos que, según entiende, se ajustaron a las normas vigentes.
Además, sostuvo que la presencia de familias en el lugar se remonta a varias décadas.
“Hay construcciones que tienen más de 50 años. Los primeros pobladores se establecieron hace muchísimo tiempo y, a partir de allí, fueron sucediéndose distintas transferencias de derechos posesorios entre particulares”, explicó.
Volpi aseguró que la acción judicial iniciada por la Intendencia no buscaba simplemente el desalojo de los ocupantes, sino la demolición de las viviendas existentes.
“La demanda fue presentada al amparo del artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Lo que se solicitaba era la demolición de las construcciones. Estamos hablando de destruir viviendas donde viven familias desde hace muchos años”, manifestó.
En ese sentido, afirmó que sus representados nunca recibieron propuestas alternativas para resolver la situación.
“Nunca hubo una oferta concreta de reubicación ni una instancia de negociación. Desde nuestro punto de vista, no existió voluntad de diálogo”, señaló.
El abogado remarcó que uno de los principales argumentos utilizados por la defensa fue la condición de poseedores de buena fe de las familias involucradas.
“Estas personas no son intrusas. Son poseedoras de buena fe y adquirieron derechos posesorios provenientes de familias que llevan décadas vinculadas a esos terrenos. Eso fue lo que planteamos ante la Justicia”, explicó.
Según indicó, ese argumento fue determinante para que la demanda no prosperara en los términos pretendidos inicialmente.
Volpi también se refirió a la apelación presentada por la Intendencia y sostuvo que los fundamentos expuestos por la parte demandante no lograron revertir la decisión judicial.
Sin entrar en detalles específicos de la audiencia, por razones éticas y profesionales, manifestó que el Tribunal confirmó aspectos centrales de la resolución adoptada en primera instancia.
“El Tribunal entendió que determinados criterios utilizados por el juez estaban debidamente fundamentados, especialmente en lo relacionado con la delimitación de la zona en conflicto”, expresó.
Uno de los aspectos más delicados planteados por el abogado fue su sospecha de que información vinculada al expediente habría llegado a personas ajenas al proceso judicial.
Volpi sostuvo que una persona vinculada a uno de los denunciantes contaba, según su apreciación, con detalles del expediente que no deberían haber estado a su alcance.
“Entendemos que hubo situaciones que merecen ser aclaradas. Consideramos que corresponde investigar cómo determinada información llegó a terceros que no formaban parte directa de las actuaciones judiciales”, afirmó.
En ese sentido, pidió que la Junta Departamental analice la situación y evalúe la posibilidad de investigar los hechos denunciados.
Las declaraciones de Volpi se suman a la controversia pública generada en torno a la actuación de la Intendencia y al futuro de las familias involucradas en el conflicto territorial.
Mientras desde la defensa se sostiene que los ocupantes cuentan con derechos posesorios legítimos y actuaron siempre de buena fe, las autoridades departamentales han defendido las acciones emprendidas en el marco de la normativa de ordenamiento territorial.
El caso continúa siendo objeto de debate en distintos ámbitos políticos y jurídicos del departamento, en un escenario donde las diferentes partes mantienen interpretaciones contrapuestas sobre la situación legal de los terrenos y de las familias que residen en ellos.
